Desobediencia y resistencia civil. La no violencia como estrategia de defensa del ejercicio de derechos políticos

Nacional

Hay toda una serie de aspectos que caracterizan la desobediencia. Quien desobedece no se esconde, sino todo lo contrario. La acción desobediente tiene sentido en la medida que es pública y socializada. Se pretende focalizar toda la atención en la injusticia denunciada mediante la acción desobediente. Por eso mismo quien desobedece asume las consecuencias legales de su acción.


Arendt (1970) apunta que una de las situaciones en que la desobediencia civil emerge es cuando un número significativo de ciudadanos llegan al convencimiento de que los canales habituales para cambiar las leyes han dejado de funcionar y que, consecuentemente, sus demandas no serán ni escuchadas ni resueltas. Según Arendt, en estas situaciones el cambio siempre será resultado de acciones extralegales. Más adelante la ley podrá estabilizar y legalizar el cambio, pero para producirse habrá hecho falta desobedecer la legalidad vigente. Siguiendo este mismo esquema, la negación del derecho a la autodeterminación por parte de los poderes del Estado español – o sea, el hecho de prohibir al pueblo catalán fue el que colectivamente decida ser – hace que la vía desobediente convierta necesaria para finalmente materializar y ejercer un derecho reivindicado por número significativo de personas. De esta voluntad de decidir por parte de los catalanes y del bloqueo por parte del Estado, nace el referéndum desobediente del 1-O de 2017. En el contexto del Estado español, el ejercicio efectivo de la autodeterminación pasa por ejercer, previamente y de manera continuada, el derecho a desobedecer.

Hay toda una serie de aspectos que caracterizan la desobediencia. Quien desobedece no se esconde, sino todo lo contrario. La acción desobediente tiene sentido en la medida que es pública y socializada. Se pretende focalizar toda la atención en la injusticia denunciada mediante la acción desobediente. Por eso mismo quien desobedece asume las consecuencias legales de su acción. Por eso nos quedamos defendiendo las escuelas, asumiendo la represión, durante todo el referéndum. O se asume el exilio y la prisión desde la defensa del mismo referéndum. La represión y la sanción visualiza la injusticiadesnudando el sancionador, el Estado. Se asume la represión para que se vuelva en contra del represor. De esta manera se apela a quienes son sensibles a la causa para que tomen partido. No se trata de un acto individual, sino eminentemente colectivo: se desobedece en nombre y en defensa de los intereses de una colectividad. En este sentido, la desobediencia y resistencia civil activa y no violenta nos permite hacer evidente lo que, en un contexto de obediencia y consentimiento, los aparatos del estado tienen capacidad para mantener prácticamente invisible: su carácter eminentemente coercitivo y represivo. Todo lo que nos mantiene sometidas a las voluntades e intereses de las élites autonómicas, estatales y europeas.

Se trata de una estrategia de confrontación política que, en la defensa y reivindicación de unos derechos sociales y / o políticos negados, busca desnudar al poder establecido como palanca para la concienciación y movilización. El 1 de octubre, la cárcel y el exilio han hecho más por la internacionalización del proceso de autodeterminación catalán que cualquier acción del gobierno catalán hubiera podido hacer en treinta años. Con estas acciones el carácter profundamente antidemocrático del estado español – versión régimen del 78 – va quedando, lentamente, al descubierto.

Esta situación sintetiza, prácticamente a la perfección, la lógica de la desobediencia activa y no-violenta. Por un lado, se hace evidente que desobedecer tiene unos costes elevadísimos, como los que están asumiendo todas las represaliadas, empezando por presas y exiliadas. La represión de un estado desobedecido conlleva, como estamos viendo, situaciones de amenaza, exilio y cárcel. Sin embargo, también se hace evidente que si se resiste y persiste en la vía desobediente, este hecho se da la vuelta y los costes que debe asumir el estado para mantener la represión se hacen cada día más elevados y, por tanto, más difíciles de asumir, tanto a nivel doméstico como internacional.

Así, el referéndum del 1 de octubre significa, en términos de poder y estado, un punto de no retorno. Para bien o para mal, nada volverá a ser como antes. Iniciada la vía desobediente, la disyuntiva actual es entre sí persistimos en la búsqueda y construcción de un futuro más justo para todos o si, desembridada la fiera del 78, bajamos la cabeza aceptando un futuro con menos derechos y libertades que las que aparentemente habíamos tenido hasta ahora. Los hechos de septiembre y primeros de octubre de 2017 son los hechos que nos indican el camino a seguir. Más allá de los resultados y de la altísima participación en un contexto de mucha represión, lo que realmente hay que destacar del referéndum es la combinación que se dio entre desobediencia institucional y desobediencia civil-popular.

El referéndum desobediente fue, efectivamente, la clave que empezaba a abrir todas las cerraduras forjadas en 1978 en España. Los últimos meses muestran y demuestran que sólo así haremos mover a la comunidad internacional y el Estado. Porque el objetivo de la desobediencia no es nunca imponer nada a nadie – sería un oxímoron tanto inaceptable como insostenible – sino construir un marco en el que se puedan ejercer los derechos reivindicados. Porque la desobediencia no pretende acabar con el sistema legal, sino transformarlo para hacerlo más respetuoso con la realidad social y política de un momento histórico concreto. Transformarlo, no para beneficiar única y exclusivamente a aquellas que reivindican el cambio y perjudicar al resto, sino para construir un marco cualitativamente y significativamente mejor para todas. Es más, la vía desobediente no excluye el escenario de acuerdo, sino que lo posibilita generando las condiciones necesarias para que tanto la comunidad internacional como España se vean obligados a reconocer el derecho a la autodeterminación. Es pues el único camino posible hacia una resolución democrática del conflicto, sobre todo teniendo en cuenta la actitud y la posición del Estado español.

Y no será mañana. Ni sin más sufrimiento. Si hemos decidido y socialmente construido el objetivo de la autodeterminación como un derecho a ejercer, este debería ser el objetivo compartido por todas aquellas que creen que no puede haber mejor futuro que aquel decidido de forma colectiva.

15 de febrer de 2019